Guerra por la tierra en Jujuy

/* Crítica de la Argentina - Edición del 14/4/09 */
Quebrada de humahuaca
Unas 55 familias de Purmamarca ocuparon terrenos y cortaron la ruta 52 para denunciar la crisis habitacional que se vive en el Norte.

Desde que fue declarada en el año 2003 “Patrimonio cultural y natural de la humanidad”, la Quebrada de Humahuaca enfrenta paradojas inquietantes: aumentó la actividad turística aunque se perdió la tranquilidad de los pueblos, los turistas dejan euros pero los pobladores no pueden pagar sus alquileres. La inestable situación llevó a 55 familias de Purmamarca a hacerse oír de un modo contundente: ocuparon terrenos y cortaron la ruta provincial 52, luego de denunciar una dura represión policial.

El colectivo Familias Unidas asegura que, desde la declaración de la Unesco, el valor de la tierra aumentó de modo tan abrupto que ya casi no se puede vivir en la zona. El negocio inmobiliario, se quejan, sólo fue aprovechado por empresarios, funcionarios y terratenientes. Uno de sus comunicados describe sin eufemismos: “En Purmamarca, la tierra es utilizada para construir hoteles, donde nuestro rol es limpiar y servir a turistas adinerados”.

El 27 de marzo, unas 200 personas se asentaron a la vera del arroyo Coquena, a un kilómetro de la ruta 52. Es plena quebrada: una playa de piedras, el cauce seco de un río, restos de lava volcánica. En la municipalidad les habían dicho que la zona no tenía dueños. Pero al día siguiente, aparecieron integrantes de las familias Quival y Ortiz, que cortaron los accesos al improvisado campamento. Aislados de todo, los ocupantes sólo podían entrar, salir, buscar agua y comida si lograban trepar un cerro. Algunos permanecieron en el lugar, hasta que el 8 de abril llegó la policía con una orden de desalojo.

Todo se descontroló: secuestraron carpas, bolsos y ollas, reprimieron con palos, balas de goma y gases lacrimógenos. “Los hombres les hicimos frente para que las mujeres pudieran escapar por el cerro. Les tiramos piedras y hasta tomamos a un policía de rehén”, reconoce Ramón Burgos, uno de los referentes.

El saldo de la batalla fue la internación de dos mujeres embarazadas en el hospital de Maimará. Así comenzó un piquete que –tras la tregua de Semana Santa– se extendía hasta anoche, en el cruce de las rutas 9 y 52.

“Nunca vimos que una quebrada o un arroyo tengan dueño –se defiende Burgos–, nosotros somos lugareños. Ni ahorrando toda la vida podríamos llegar a pagar un terreno”. En el centro de Purmamarca, el alquiler de una casa de dos dormitorios, cocina y una pieza de tres por dos puede costar de 400 a 600 pesos. Una cifra sideral para sueldos que pocas veces superan los 1.000 pesos. Antes de la aparición de la Unesco, la historia era diferente. “No teníamos tanta gente acá, los alquileres costaban 100 pesos y la vida era tranquila”, cuenta el dirigente, para quien la declaración también trajo grandes cambios en la cultura y la tradición del lugar: “La gente ahora es más individualista, todo el tiempo está trabajando para la industria turística. Ni podemos dedicarnos a nuestros hijos”.

Sin embargo, no todos en Purmamarca están de acuerdo con la modalidad de la protesta. Bebo Vilte, un referente social de la zona, no cree que “tomando una propiedad privada vayan a conseguir lo que quieren”. Dueño de una hostería en el pueblo, cita como contrapartida una iniciativa que él mismo motorizó: la fundación de Chalala, un caserío surgido hace cinco años como respuesta a estos problemas habitacionales. A dos kilómetros de Purmamarca, una comunidad indígena construyó 100 casas que ya tienen agua y luz.

Vilte sí comparte el rechazo a la declaración de la Unesco, a la que califica como “una mentira tremenda. La Quebrada es la cuna de la patria y está acá desde hace milenios”. Para él, la solución residiría en poner límites a la construcción de hoteles, porque “la región está colapsada: faltan agua y luz, las cloacas están reventadas”. En esta problemática, cree, no hay medias tintas: “El Estado provincial tiene que expropiar terrenos improductivos y semiabandonados, que los hay en toda la quebrada. Son muchos pero caros: los inversores llegan a pagar 100 mil dólares por una parcela de 500 metros cuadrados”.

El convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales declara que “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Pablo Pelazzo, abogado vinculado con causas de derechos humanos, cree que las 55 familias de Purmamarca podrían apelar a ese documento: “La causa está vinculada con cuestiones de autorreconocimiento, son pobladores originarios que estuvieron en esos terrenos por generaciones”.

El problema es complejo, ya que cuando los precios se dispararon muchos cedieron sus derechos de propiedad a valores muy inferiores a los del mercado. “Pero ahora están quedando afuera de la ciudad los hijos de la gente que siempre vivió acá. Sólo hay hoteles y negocios”, cuenta el abogado, preocupado por el destino de una región que es cada vez más patrimonio de la humanidad y cada vez menos de los jujeños.