Una vida nueva

EL PAIS › TRABAJO ESCLAVO PARA UNA TRADER CEREALERA EVASORA

El procedimiento realizado el 30 de diciembre en San Pedro ilustra de qué son capaces los mercados sin control. Nidera, transnacional granera que la AFIP denunció por evasión de 260 millones, tenía encerrados a 130 trabajadores del norte, adultos y adolescentes, que no sabían dónde estaban, no podían salir, no tenían luz ni agua y se les descontaba del salario en negro las provisiones que la empresa les vendía a precios alucinantes, incluyendo fideos gratuitos de los planes sociales de Scioli.


Una de las grandes traders exportadoras de productos agropecuarios, a la que el Estado Nacional investiga por evasión de impuestos, explotaba el trabajo esclavo de adultos y niños traídos desde provincias del norte. Los alojaba en trailers de chapa, en los que dormían hacinados de a veinte. La jornada laboral era de diez horas incluido el día de Navidad, bajo el rayo del sol, sin luz, sin agua potable salvo la que recibían en baldes. No podían salir de los límites de la propiedad en la que trabajaban ni conocían cuál sería su remuneración. La paga se difería para el último día del contrato informal, ya que no estaba registrado. Mientras, les descontaban todo lo que consumían a precios tan exorbitantes que nunca tenían un saldo favorable para cobrar. Les anotaban 80 pesos por una bolsa de papas, 65 por una de cebollas, 54 por un pollo, 17 por un atado de cigarrillos, ocho por un kilo de pan viejo y dos por recargar la batería del celular. También se hallaron fideos con la leyenda del ministerio de Desarrollo Social. Por un paquete, cuya venta está prohibida, los esclavos debían pagar 35 pesos. El titular de ese ministerio, Baldomero Alvarez de Oliveira, es el padrino político del ex intendente de San Pedro Julio Pángaro, quien este año fue designado secretario legal y técnico del ministerio de Justicia y Seguridad. También se encontraron alimentos vencidos. El único dinero que recibieron en las tres semanas transcurridas antes del allanamiento, fueron 12 pesos “para comprar pan dulce”. El ministro de Trabajo provincial, Oscar Cuartango, dijo que los hechos descubiertos rozaban el crimen de lesa humanidad.

Un millar
El campamento alojaba a 130 personas, entre ellas unos 30 niños y adolescentes, pero la justicia considera que hay por lo menos un millar en las mismas condiciones, en otros campos próximos a San Pedro. Su representación sindical corresponde a la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, Uatre, conducida por Gerónimo Venegas, fundador junto con José Luis Barrionuevo de la denominada CGT Azul y Blanca. Los delegados de Uatre recién llegaron al lugar una vez que el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones N0 6 de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio, notificó al ministerio de Trabajo de la situación. El representante de Uatre en San Pedro, Cecilio Salazar es el líder local del peornismo opositor. Una de sus actividades más notorias ha sido el auspicio de Uatre al corredor de carreras de autos Pichi Iglesias, lo cual provocó críticas en un gremio de paupérrimos afiliados. A principios de diciembre, Giagnorio ordenó a la patrulla rural del Pueblo Doyle que rondara los campos de la zona en búsqueda de situaciones irregulares en la cosecha del maíz, que son habituales a esta altura del año, cuando son traídos trabajadores temporales desde el interior para desflorar maíz, una actividad que sólo se realiza en forma manual. Giagnorio dijo que lo hizo en aplicación de la política criminal determinada por el Ministerio Público Fiscal que él integra. El 20 de diciembre la patrulla le comunicó sus observaciones sobre la Estancia El Algarrobo, ubicada en el Paraje Beladrich, a pocos kilómetros de Santa Lucía, partido de San Pedro. Se trata de una finca de unas 1600 hectáreas, de las cuales 200 están arrendadas a Nidera. El acceso es dificultoso porque está a 12 km de la ruta más próxima. El miércoles 22 el fiscal solicitó una orden de allanamiento a la titular del Juzgado de Garantías N0 1 de San Nicolás, pero la jueza María Laura Vázquez se la negó, porque adujo que no había pruebas. Giagnorio prefirió que las patrullas rurales no se acercaran demasiado, para evitar que fueran advertidas y se levantaran los campamentos antes de que pudiera intervenir. Ante la negativa judicial comunicó su presunción a los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del ministerio de Justicia de la Nación. El ministerio de Trabajo de la Provincia tiene el poder de policía en estos casos y el miércoles 29 se presentó para inspeccionar la situación detectada por el fiscal. Giagnorio participó como veedor. Como escribió en su mensaje del 31 de diciembre un cura que ejerce en Haití su opción por los pobres, hay lugares y personas que más que un año nuevo precisan una vida nueva. Éste es el doloroso contraste con la Argentina eufórica de consumo y placeres que desde la tarde del jueves colmó todas las rutas de salida de las grandes ciudades.

Reducción a la servidumbre
Al verificar la gravísima situación en que se encontraban los trabajadores, el fiscal inició actuaciones por reducción a la servidumbre y malversación de caudales públicos. En cambio no tiene competencia para investigar el delito de trata de personas. Sin mención al desempeño del fiscal Giagnorio, el ministerio de Trabajo provincial se atribuyó el mérito. Según el subsecretario de Trabajo Carlos Molina se trató de un procedimiento habitual en la tarea que habría ordenado el gobernador Daniel Scioli para detectar trabajo infantil y controlar las condiciones de seguridad del trabajo rural. Según esa dependencia, Nidera deberá pagar 5000 pesos de multa por cada trabajador no registrado. Entre los detenidos están los ingenieros de Nidera Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, dos capataces y tres encargados de la distribución de alimentos. El fiscal les tomó declaración y los puso en libertad mientras continúa la investigación.

Un campo de concentración
El médico Julio Caraballo, director de Bromatología de San Pedro, dijo a una radio local que las condiciones eran las de un campo de concentración, con dos agujeros en el suelo como baños, sólo aislados por una cortina cosida con bolsas de Nidera. También vio a un adolescente que se bañaba con agua acarreada en un recipiente de agrotóxicos. “Es para pasar de la indignación a las lágrimas”, dijo. La comida era suministrada por la distribuidora Comat S.A, del ex concejal radical de San Pedro Eugenio Abel González. Al mismo grupo pertenecen la Compañía Argentina de Recursos Humanos y Soluciones Agropecuarias, que prestan servicios de tercerización de personal no permanente para empresas agropecuarias. A Comat, Nidera le pagaba a 24 pesos por día por persona. Pero los precios que les cargaba a los trabajadores eran tan altos que siempre excedían el monto diario asignado. La diferencia se anotaba, para ser debitada del salario. Comat dijo que sólo era proveedora de alimentos secos y frescos a Nidera y que la acusación en su contra equivalía a responsabilizar a Coca-Cola por “la tragedia de Cromañón, porque proveía las gaseosas”. También negó haber suministrado los alimentos del programa de ayuda social del gobierno bonaerense que el fiscal secuestró en El Algarrobo. El reclutamiento de personas muy humildes se hizo en Santiago del Estero, con la promesa de trabajar en la cosecha del maíz en Buenos Aires “en la mejor empresa”, en condiciones laborales apropiadas y un buen salario. Un colectivo los trasladó en forma directa hasta la estancia, de la que una vez que ingresaron no se les permitió salir. Nidera les hizo saber que si alguien abandonaba el predio, toda la cuadrilla de trabajo que integraba sería devuelta a su pueblo sin pago. Consultado para esta nota el fiscal agregó que estas personas “ni sabían en qué lugar estaban”. Giagnorio pasó el 31 de diciembre de la mañana a la noche en la estancia, completando el sumario. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se encargó de llevar a los trabajadores hasta sus pueblos de origen, donde quedarán a cargo de las autoridades provinciales. El mismo fiscal allanó hace poco varios prostíbulos de la zona, en los que también encontró leche de las partidas gratuitas que distribuye el gobierno bonaerense.

Empresa líder
Nidera es una compañía transnacional, líder en el mercado argentino de semillas y uno de los mayores exportadores de aceites, de cereales y de oleaginosas. Su participación ronda el 10 por ciento del total de las exportaciones argentinas de esos productos. En 1996, fue la primera que obtuvo autorización para liberar al consumo humano y animal la soja transgénica resistente al glifosato, durante la gestión como secretario de agricultura del ingeniero Felipe Carlos Solá. Tiene tres centros semilleros, en Venado Tuerto (maíz), Chacabuco (girasol) y Miramar (trigo y maíz). Creada hace noventa años por comerciantes de granos de los Países Bajos, su nombre surge de la combinación de las iniciales de los grandes mercados cerealeros en los que actuaba entonces: Holanda (Netherlands) India, Alemania (Deutschland), Inglaterra (England), Rusia y la Argentina, donde Nidera Argentina se instaló en 1929. También comercializa insumos agrícolas, opera en fletes marítimos y produce fertilizantes, herbicidas y fungicidas. Posee terminales portuarios propios en Rosario, Quequén y Bahía Blanca. En 2010 fue el sexto exportador de granos (detrás de Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus y Toeper) y el séptimo en los de subproductos y aceites (detrás de Cargill, Bunge, AGD, Dreyfus, Molinos y Vicentín). Nidera es la empresa líder en los mercados de semillas de soja y de girasol, está en segundo lugar en el de maíz y en el tercero en el de trigo. También opera una sociedad de garantías recíprocas, que financia siembras de sus clientes por medio de fideicomisos. Como no informa sobre volúmenes de negocios ni cotiza en bolsa, esos rankings ayudan a evaluar en forma aproximada su facturación. Según el ranking publicado hace seis meses por la revista Mercado, en 2009 Nidera Argentina facturó 3500 millones de pesos y ocupa el puesto 47 entre la cúpula de las empresas que más venden. La Escuela de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario estima que los salarios pagados por Nidera representan el 1,54 por ciento de esa facturación. La redacción de esta nota entre el viernes 31 y el sábado 1 dificultó la obtención de mayores precisiones.

Nidera en Acción
El presidente de Nidera global, Martín Mayer Wolf, de una de las familias fundadoras, es uno de los sostenedores de Accion International, una organización privada sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a la gente a salir de la pobreza a través de su propio trabajo. “Al proporcionar microcréditos, capacitación empresarial y otros servicios financieros a hombres y mujeres pobres que inician sus propios negocios, ayuda a estas personas a alcanzar un nivel en la escala económica, con dignidad y orgullo”, informa en su documento “El negocio de luchar contra la pobreza”. Entre los accionistas minoritarios de Nidera Argentina está Rolgra Inversora SA, empresa presidida por Raúl Simón Loeb, presidente de la Cámara de Comercio Argentina para el Sudeste Asiático, vicepresidente de la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China, y cónsul honorario de Singapur y de Sri Lanka. El presidente de Nidera Argentina, Ricardo López Mayorga organiza concursos que otorgan premios a alumnos de escuelas agrotécnicas, estimulándolos a cuidar el suelo y utilizarlo en forma racional. En septiembre, la AFIP anunció que estaba investigando por evasión impositiva a cuatro de las mayores exportadoras de granos. Sus nombres se fueron conociendo en forma gradual: Bunge, Cargill, Molinos Ríos de La Plata y Nidera. En este último caso, la AFIP estima la evasión en 260 millones de pesos entre 2005 y 2009.

Entrevista: Adrián Vigna.
Por Horacio Verbitsky - Página 12 - 02/01/2011

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Editorial Diario La Nación - 08/01/2011 - sin firma

Editorial II
Las condiciones del trabajo rural
Las graves denuncias sobre supuestos casos de esclavitud deben ser investigadas sin contaminaciones políticas e ideológicas

Se han conocido en los últimos días denuncias sobre condiciones infrahumanas de trabajo rural, calificadas, según algunos de sus voceros, como de esclavitud o de reducción a la servidumbre, respecto de grupos de trabajadores contratados por la empresa Nidera, dedicada, entre otras importantes actividades, a la producción de semillas en un campo de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.

Estas gruesas acusaciones se fundan en la contratación temporaria de personal rural reclutado habitualmente en la provincia de Santiago del Estero y asignado por un lapso muy limitado, de sólo semanas, a tareas propias de la producción de maíces híbridos. Entre las imputaciones referidas por un fiscal de San Nicolás y por el Ministerio de Trabajo provincial, se cuentan la precariedad de las condiciones de vida de estos grupos, provistos con colchones en cantidad insuficiente, la necesidad de que los trabajadores deban aprovisionarse de alimentos y de guantes y de otros adminículos de trabajo a su propio cargo y el hecho de que no se les permitiría alejarse del lugar de la vivienda, so pena de ser despedidos. Baños químicos y faroles para el alumbrado habrían sido, según una denuncia, dispuestos tardíamente, en tanto que la potencial atención médica brillaría por su ausencia.

Otras empresas, radicadas en las localidades bonaerenses de Arrecifes y Ramallo, han recibido parecidas imputaciones.

Nidera negó los citados cargos en forma terminante. Señaló que empleó a 133 trabajadores provenientes de la localidad de Ojo del Agua, Santiago del Estero, quienes arribaron a su lugar de trabajo el 15 de diciembre pasado y se alojaron en casillas instaladas al efecto, con provisión individual de colchones y adminículos de trabajo a cargo de la empresa. Explicó que, del total de operarios, había 19 menores de entre 16 y 18 años de edad, que contaban con la autorización legal de sus padres para desempeñar las tareas para las cuales estaban contratados o acompañados por ellos. Precisó que la contratación fue por 15 días, que se efectuó "con estricto cumplimiento de los requisitos que detalla la ley de trabajo agrario" y que se paga un promedio de entre 2500 y 3200 pesos por trabajador. Asimismo, negó que las condiciones de las viviendas fueran precarias y que el personal contratado estuviera impedido de salir del campo.

Otras empresas del sector, contratantes también de trabajo temporario del mismo tipo, que ocupan a un total de aproximadamente 14.000 operarios, reunidas en la Asociación de Semilleros Argentinos, han manifestado su rechazo a las denuncias realizadas.

El trabajo rural podrá merecer diferentes opiniones, pero se encuentra sujeto a un marco legal que debe ser respetado, al tiempo que existen organizaciones sindicales que velan por el cumplimiento de las normas en vigor y por su permanente mejoramiento. En el caso que nos ocupa, cabe preguntarse si, tratándose de un trabajo migratorio, de pocas semanas, abonado en blanco y contratado de acuerdo con las leyes respectivas, se justifica la calificación de esclavitud y reducción a la servidumbre que se ha deslizado contra determinadas empresas agrícolas. Es de esperar que cualquier investigación de la Justicia y de la autoridad de aplicación de las leyes sea llevada a cabo con la suficiente imparcialidad, dejando de lado toda contaminación política o ideológica.

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Clarín - 06/01/2011 - sin firma

Denuncian casos de “servidumbre” con trabajadores rurales

Rubén Giagnorio, fiscal de San Nicolás, aseguró que podría caberles una pena de entre 3 y 15 años de prisión a los presuntos responsables de someter a condiciones de servidumbre a 130 trabajadores rurales en un campo de San Pedro . “Estaban trabajando en forma indigna, dormían en cuchetas, no tenían baños. Es una empresa que arrienda una estancia y les retenía los documentos a las personas. Suponemos que eso es u n elemento de coacción”, indicó el fiscal a radio América, y adelantó: “De acuerdo a nuestra investigación les cabría una pena de 3 a 15 años”.

El caso fue revelado el domingo por Página 12 . De acuerdo con lo publicado por ese diario, la cerealera Nidera mantenía en el campo a 130 trabajadores del norte, entre ellos menores de edad, sin que tuvieran conocimiento de dónde estaban, tampoco autorización para salir, ni luz ni acceso a agua potable, y la empresa les descontaba del salario la indumentaria para cumplir con sus tareas y los alimentos, incluso fideos gratuitos con la leyenda del Ministerio de Desarrollo Social.

En un comunicado, la compañía negó haber contratado trabajadores en negro o cometido infracciones de las condiciones legales de trabajo. “Había una carpa al rayo del sol con 40 cuchetas y en lugar de sanitarios tenían pozos, no había electricidad, no se les permitía salir y si salían eran castigados”, aseguró Oscar Cuartango, ministro de Trabajo de la Provincia. “La empresa tiene un plazo para acreditar que los trabajadores están registrados, pero eso no minimiza la gravedad del hecho por las condiciones infrahumanas en las que vivían”, agregó el funcionario, y anunció que hoy habrá una audiencia por el pago de salarios y el financiamiento del traslado de los trabajadores a sus provincias.

En su edición de ayer, Página 12 publicó otro caso: se trata de la estancia La Luisa, también en San Pedro, con 69 trabajadores sometidos a presuntas condiciones de insalubridad y servidumbre.